En 1974 se creó el organismo encargado de la planeación demográfica del país, el Consejo Nacional de Población (CONAPO). ¿Recuerda el slogan?: “La familia pequeña vive mejor”, “menos hijos para darles más”, “planifica es cuestión de querer”. Bueno, pues eso fue el CONAPO de una época. Vale la pena, en un aniversario como este, reflexionar sobre la historia y el devenir de la política de población en nuestro país.
La historia de la política de población en México en estos últimos 50 años puede dividirse en dos etapas: 1) de 1974 a 1994, que podemos nombrar como de descenso de la fecundidad, y; 2) de 1994 a 2018, dirigida a los derechos humanos. Veamos primeramente en qué consistió cada una.
La primera etapa se dio en un contexto en el que, en el mundo prevaleció el paradigma de que el descenso de la fecundidad era un requisito indispensable para el despegue del desarrollo económico en los países del “tercer mundo”. Aunque también existía la versión contraria, derivado de la teoría de la transición demográfica, a saber: que el desarrollo económico desencadenaría la disminución de la fecundidad. Algunos países en las reuniones internacionales de población y desarrollo acuñaron el lema “El desarrollo es el mejor anticonceptivo” y reclamaban asistencia económica y no políticas dirigidas a reducir la fecundidad.
Para los inicios de los años 1970, Estado Unidos ya era el líder indiscutible en las reuniones internacionales sobre población. Este país invirtió desde los años 1940 grandes sumas de dinero en la institucionalización de la investigación en población, a la industria farmacéutica para la producción de anticonceptivos modernos, al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la elaboración en los países pobres de Encuestas Demográficas y de Salud (DHS) y revistas especializadas de alto prestigio mundial como Population and Development Review, Population Index, y Demography. Un gran cúmulo de estudios científicos obtenidos por connotados demógrafos americanos, y después latinoamericanos, coincidían en que el acceso a métodos anticonceptivos modernos era la condición para el descenso de la fecundidad de un país en vías de desarrollo.
Además de ser una condición para el desarrollo, el control del crecimiento de la población humana también era visto como necesario para la sobrevivencia del planeta. Desde fines del siglo XVIII, con el clérigo inglés Thomas Malthus, el crecimiento poblacional en el mundo era percibido como un riesgo ambiental. En 1972, el Club de Roma publicó el informe Los límites del crecimiento en el que se asocia el crecimiento poblacional, la industrialización, la contaminación, escases de alimentos y la explotación de recursos naturales con la capacidad de carga del planeta; por lo que había que ponerle límites al crecimiento demográfico. Los límites al crecimiento poblacional fueron usados también como instrumento geopolítico por Estados Unidos en contra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) así como para contener el crecimiento de los países de América Latina.
Cuando se crea en México el CONAPO (en 1974), el contexto internacional era el idóneo para que los gobiernos de los países del Tercer Mundo adoptaran acciones dirigidas a reducir el crecimiento poblacional. Ese mismo año, declarado Año Internacional de la Población por la ONU, se realizó la Conferencia Mundial de Población en Bucarest, que tuvo como resultado el primer programa de acción favorable a las propuestas del UNFPA y de Estados Unidos.
En 1984, cuando se realiza IV Conferencia Internacional sobre Población en México, nuestro país ya había hecho suya la necesidad de actuar para reducir el crecimiento demográfico, recuérdese que para ese año acaban de crearse los consejos estatales de población. Inesperadamente, Estados Unidos adoptó, bajo la presidencia de Ronald Reagan en 1981, una política neoliberal que desestimaba la importancia de frenar el crecimiento poblacional del tercer mundo por considerar que de ello se debería encargar la economía a través del libre juego de la oferta y la demanda sin intervención del Estado: lo que llevó a reducir el presupuesto a la ONU y al UNFPA. Cabe decir que el neoliberalismo en México en los años 1982-1994 no condujo a modificaciones relevantes en las bases de la política de población mexicana, siguió siendo universal, gubernamental y resueltamente vinculada con los compromisos internacionales en la materia.
La segunda etapa de la política de población en México inicia con la celebración en 1994 de la V Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo (Egipto). En ella ocurre un cambio revolucionario de paradigma que se convierte en un parteaguas de la política nacional e internacional de población: se abandona la intención de reducir la fecundidad para alcanzar el desarrollo y se adopta en su lugar la noción de derechos. La planificación familiar como forma de reducir la fecundidad es sustituida por los derechos reproductivos para alcanzar el número deseado de hijos. El énfasis que antes se ponía en la fecundidad ahora se le da a la salud reproductiva, dentro de la cual la fecundidad sólo es un componente entre otros.
Para la década de 1990, la fecundidad en México se encontraba en un claro declive. La política de población, que gozaba de prestigio por sus logros en el descenso de la fecundidad en México, debía cambiar paulatinamente sus metas y objetivos. Bajo el influjo del Banco Mundial, se adoptaron medidas más focalizadas a grupos de población y dirigidos a reducir la pobreza. El programa más importante en este sentido fue el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), que se aplicó con distintos nombres (OPORTUNIDADES y PROSPERA) durante el periodo 1997-2018.
En la década del 2010, cualquier referencia a la fecundidad había prácticamente desaparecido de los programas internacionales de la población. En el Consenso de Montevideo sólo aparece una vez la palabra fecundidad. Cuando se menciona el embarazo, dicho documento hace alusión a evitar los embarazos tempranos y no deseados. Los anticonceptivos deben ser accesibles, pero especialmente en subpoblaciones con “demanda insatisfecha” o en “rezago demográfico” o vulnerables, como la población que vive en la pobreza y en áreas rurales, entre los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes y grupos en condición de vulnerabilidad como mujeres, adolescentes y jóvenes y personas con discapacidad. Todos sujetos de derechos especiales.
Como resultado de los primeros 20 años de política de población en nuestro país, puede afirmarse que la familia pequeña no vive mejor. Se redujo mucho la fecundidad, sí, pero el desarrollo y el bienestar no llegó a las familias. El segundo período de 24 años, con un abordaje de derechos humanos desde una perspectiva neoliberal tampoco trajo la reducción de la pobreza. Se ha probado que el descenso de la fecundidad trajo consigo una transformación de las relaciones sociales entre géneros y generaciones y, sin duda, tiene un efecto directo en el envejecimiento de la población.
Sin embargo, hay tres aspectos cruciales en este tema. Primero, nunca se ha podido demostrar fehacientemente en qué medida la política de población influyó en el descenso de la fecundidad. Segundo, la política de población no fue una medida suficiente para alcanzar el desarrollo (para la gente) y reducir la pobreza. Tercero, se ha demostrado que el tamaño o el crecimiento de la población mundial no es el componente más nocivo contra el medio ambiente. Entonces: ¿Para qué debe servir la planeación demográfica en el país, si es que sirve para algo? ¿Qué propósito debe tener?
Las medidas directivas, ya sea que provengan de la ciencia (como en el periodo 1974-1994) o de los derechos (como en 1994-2018), han fallado. Durante estos 50 años se ha considerado que el bienestar de la gente va a alcanzarse si cambia su forma de ser y de actuar, siguiendo una fórmula preconcebida: tener menos hijos, usar métodos anticonceptivos modernos, quedarse en sus lugares de origen, etcétera. Al igual que la medicina moderna, la autoridad diagnostica al paciente y le receta una ampolleta. ¿Pero qué pasa cuando la ampolleta no cura la enfermedad?
En este sexenio de grandes cambios políticos y sociales, los ciudadanos de a pie hemos tenido acceso a lecciones diarias de política, directamente desde el ejecutivo federal, muy útiles para saber cómo se puede hacer una política eficiente siguiendo los principios de la democracia y la justicia social. Hemos aprendido que el pueblo no es tonto, que tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Que la soberanía descansa en el pueblo (como está asentado en al artículo 39 de la Constitución mexicana) y no en el gobierno. También pudimos constatar que la democracia participativa, y no solo la democracia representativa, puede ser aplicada por el gobierno de un país tan grande y diverso como el nuestro. Que la pobreza puede disminuir si se acaba la corrupción y si se le da prioridad a los pobres.
Con base en todo lo anterior, considero que la política de población debe dejar de operar de forma directiva con base en paradigmas científicos o de otro tipo, para convertirse en un instrumento de la democracia participativa. Que sirva para garantizar el cumplimiento de los deseos, preferencias y voluntades en materia de población, de las personas de todas las clases y grupos, pero primero de los pobres, como dimensión del bienestar social, a través de la democracia participativa. Dejar el autoritarismo de la tecnocracia y sumarse a los esfuerzos de la democracia. Confiar en la voluntad del pueblo su propio futuro demográfico. No existe un camino más certero.
